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La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha dado un paso significativo en la búsqueda de verdad y justicia en Colombia. En febrero de 2025, la JEP acusó formalmente a 39 militares y dos civiles por su participación en la desaparición forzada y el asesinato de 442 civiles, presentados falsamente como guerrilleros entre 2004 y 2007 en Antioquia.
Los "falsos positivos" se refieren a crímenes de lesa humanidad cometidos por miembros del Ejército colombiano, quienes ejecutaban a civiles inocentes y los hacían pasar por guerrilleros caídos en combate. Estas prácticas se llevaron a cabo con el propósito de inflar los resultados operacionales en la lucha contra los grupos armados ilegales y, a cambio, los perpetradores recibían incentivos como permisos, bonificaciones y ascensos.
Entre los acusados se encuentra el general retirado Óscar Enrique González, excomandante del Ejército. La JEP ha determinado que su responsabilidad no solo se limita a la ejecución de las órdenes, sino también a la consolidación de una estructura que incentivó estas prácticas.
Otros altos mandos militares también enfrentan acusaciones por facilitar, permitir o directamente ordenar la ejecución de civiles bajo esta estrategia criminal. Además, dos civiles han sido señalados como cómplices en la planificación y encubrimiento de estos hechos.
Los acusados enfrentan penas de hasta 20 años de prisión si no aceptan los cargos y no colaboran con la JEP. Sin embargo, la justicia transicional ofrece beneficios a quienes reconozcan su responsabilidad y aporten a la verdad. Aquellos que acepten su culpabilidad podrían recibir penas alternativas de restricción de la libertad, siempre que contribuyan con información clave para esclarecer los hechos y reparar a las víctimas.
Este caso representa un avance crucial en el proceso de justicia transicional en Colombia, ya que:
Las familias de las víctimas han sido actores fundamentales en este proceso. Durante años, han denunciado estos crímenes, exigiendo justicia y reparación. Gracias a su lucha y al trabajo de organizaciones de derechos humanos, la JEP ha podido documentar y construir un caso sólido contra los responsables.
El fallo de la JEP permitirá que se establezcan medidas de reparación integral para las víctimas, incluyendo garantías de no repetición y la construcción de memoria histórica.
El caso de los falsos positivos sigue siendo una de las heridas más dolorosas del conflicto colombiano. Sin embargo, las decisiones de la JEP muestran que el país avanza hacia una justicia más equitativa, donde los crímenes del pasado no queden en la impunidad.
El proceso aún no ha terminado, y la sociedad colombiana sigue atenta a los próximos pasos. La verdad, la justicia y la reparación continúan siendo los pilares fundamentales para lograr una paz sostenible en Colombia.
Fuente: Reuters
Wed, 26 Feb 2025
Wed, 26 Feb 2025
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